Las becas y ayudas al estudio constituyen una política pública deextraordinaria importancia en las sociedades modernas. Son, en primerlugar, un instrumento esencial para garantizar la igualdad material en el acceso a la enseñanza y, por tanto, en el ejercicio del derechofundamental a la educación. Pero, al mismo tiempo, contribuyendecisivamente a mejorar el nivel de formación de los ciudadanos, conindudables efectos positivos para las personas individuales, que venmejorado su desarrollo personal y sus expectativas profesionales, para la economía nacional, que incrementará su competitividad a través deesta inversión en capital humano, y para la sociedad en su conjunto.La amplitud e intensidad de estos beneficios justifica los esfuerzospresupuestarios de las administraciones públicas para financiar estetipo de prestaciones educativas. Este trabajo trata de determinar lanaturaleza jurídica y fundamento constitucional del derecho subjetivoa obtener ayudas al estudio, pero también pretende delimitar sualcance y contenido, a través de un análisis sistemático de losdiferentes programas y prestaciones que, de forma más o menosexplícita, se integran bajo esta genérica denominación. A partir deeste análisis, se exploran fórmulas jurídicas para incrementar laeficacia y eficiencia en la gestión de los recursos destinados a estapolítica pública y, de este modo, contribuir a mejorar la calidad delservicio prestado a los ciudadanos.
